{"id":4115,"date":"2025-11-07T15:18:00","date_gmt":"2025-11-07T15:18:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bioetica.net\/?p=4115"},"modified":"2025-11-09T20:47:33","modified_gmt":"2025-11-09T20:47:33","slug":"aborto-en-puerto-rico-rodriguez-veve-proyecto-dignida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bioetica.net\/en\/aborto-en-puerto-rico-rodriguez-veve-proyecto-dignida\/","title":{"rendered":"\u00bfTraicion\u00f3 Rodr\u00edguez Veve la causa provida en el debate sobre el aborto en Puerto Rico?"},"content":{"rendered":"

Una conversaci\u00f3n necesaria sobre aborto en Puerto Rico, el PS 693 y el PS 297<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

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Hay fuego en las trincheras conservadoras puertorrique\u00f1as. La que fue considerada la paladina de la causa provida<\/strong>, Joanne Rodr\u00edguez Veve<\/a><\/strong>, recientemente rompi\u00f3 su v\u00ednculo con el partido que le abri\u00f3 las puertas de la legislatura: Proyecto Dignidad<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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Y en medio de ese sismo pol\u00edtico, surgieron m\u00faltiples voces dentro del movimiento provida que criticaron el que fuera su \u00faltimo proyecto legislativo bajo esa insignia: el Proyecto del Senado 297<\/a><\/strong>. Para algunos, este proyecto \u201clegitima\u201d la pr\u00e1ctica del aborto en la isla; para otros, representa un esfuerzo necesario de regulaci\u00f3n. Pero en el epicentro del dilema se encuentra una profunda falta de alineamiento<\/strong> entre la que era la \u00fanica senadora del Proyecto Dignidad y la \u00fanica representante del mismo partido en la C\u00e1mara de Representantes.<\/p>\n\n\n\n

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Seg\u00fan se alega, la versi\u00f3n del proyecto en el Senado baj\u00f3 por descargue<\/strong>, y al llegar a la C\u00e1mara, la representante Lisie Burgos<\/a><\/strong> expres\u00f3 una serie de reservas<\/strong> sobre la redacci\u00f3n del proyecto que \u2014seg\u00fan su relato\u2014 el equipo de la senadora se neg\u00f3 a discutir. Ah\u00ed surgi\u00f3 el primer campanazo del conflicto<\/strong>, interpretado por el bando de Burgos como una actitud de falta de cooperaci\u00f3n por parte del equipo de Rodr\u00edguez Veve.<\/p>\n\n\n\n

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La disputa se agrav\u00f3 cuando la representante Burgos interpret\u00f3 que el Proyecto 297<\/strong>, sin las enmiendas que ella propon\u00eda, terminar\u00eda legitimando las cl\u00ednicas de aborto en Puerto Rico<\/strong>, las cuales \u2014seg\u00fan su propio criterio\u2014 operan ilegalmente<\/strong> en la isla. Y aqu\u00ed el panorama se complica todav\u00eda m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

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En la visi\u00f3n de Burgos, la derogaci\u00f3n de Roe v. Wade<\/a><\/em> mediante el caso Dobbs v. Jackson<\/a><\/em> catapult\u00f3 a Puerto Rico de vuelta a su C\u00f3digo Penal<\/a><\/strong>, el cual tipifica el aborto como delito. Sin embargo, esta conclusi\u00f3n se sostiene sobre una interpretaci\u00f3n cuestionable<\/strong> de lo que Dobbs<\/em> implica respecto a los cambios introducidos por el caso Pueblo v. Duarte Mendoza<\/em> (1980).<\/p>\n\n\n\n

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Al parecer, Burgos entiende que, debido a que Duarte Mendoza<\/em> utiliz\u00f3 premisas de Roe v. Wade<\/em>, particularmente el argumento del derecho a la intimidad<\/strong>, la ca\u00edda de Roe<\/em> tambi\u00e9n anul\u00f3 el precedente local de Duarte<\/strong>. Lo que no est\u00e1 del todo claro es si la representante Burgos comprende que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Pueblo v. Duarte Mendoza<\/em> (1980), interpret\u00f3 que el t\u00e9rmino \u201csalud\u201d inclu\u00eda tanto la salud f\u00edsica como la salud mental<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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Esto significa que, bajo la jurisprudencia vigente, si un profesional m\u00e9dico determina que un embarazo no deseado est\u00e1 afectando la salud mental de su paciente<\/strong>, el procedimiento de aborto recibe el amparo constitucional reconocido por el Tribunal Supremo<\/strong>. En otras palabras, la protecci\u00f3n establecida en Duarte Mendoza<\/em> no se limita a casos de riesgo f\u00edsico extremo<\/strong>, sino que tambi\u00e9n contempla el bienestar psicol\u00f3gico y emocional de la mujer como parte integral del concepto de salud.<\/p>\n\n\n\n

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Esa interpretaci\u00f3n \u2014m\u00e1s amplia y menos delimitada\u2014 sigue siendo vinculante en Puerto Rico<\/strong>, a menos que el propio Tribunal Supremo local la revoque o la Asamblea Legislativa adopte una ley que la sustituya dentro del marco constitucional. Despu\u00e9s de todo, casi cualquier tipo de aborto podr\u00eda ser justificado bajo la premisa de un da\u00f1o psicol\u00f3gico a la paciente<\/strong>, lo cual convierte una excepci\u00f3n m\u00e9dica en una categor\u00eda abierta a la interpretaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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Y, como era de esperarse, el sesgo moral de aquellos m\u00e9dicos dispuestos a proveer este tipo de procedimientos carece actualmente de todo escrutinio legal<\/strong>. Es por esta raz\u00f3n que, despu\u00e9s de Dobbs<\/em>, Puerto Rico ha sido catalogado por varios medios como el \u201cabortion haven<\/a>\u201d de los Estados Unidos<\/strong>: un territorio donde la pr\u00e1ctica del aborto permanece legal, con escasas restricciones y amplias justificaciones amparadas en el concepto de salud mental.<\/p>\n\n\n\n

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Y es aqu\u00ed donde el problema deja de ser puramente legal y se convierte en un desaf\u00edo \u00e9tico profundo<\/a><\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

\u00bfc\u00f3mo definir con rigor lo que constituye \u201csalud mental\u201d sin convertir la norma en un permiso generalizado para abortar? Esta pregunta no solo interpela al legislador, sino tambi\u00e9n a la conciencia moral de la isla y, en especial, a la comunidad m\u00e9dica llamada a ejercer discernimiento \u00e9tico en contextos de ambig\u00fcedad.<\/p>\n\n\n\n

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1. En Puerto Rico, el aborto no se volvi\u00f3 ilegal despu\u00e9s de Dobbs<\/strong><\/h3><\/div>\n\n\n\n
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La base de esta discusi\u00f3n se encuentra en una decisi\u00f3n del a\u00f1o 1980: Pueblo v. Duarte Mendoza<\/strong>, 109 D.P.R. 596.<\/p>\n\n\n\n

En ese caso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determin\u00f3 que la decisi\u00f3n de una mujer de interrumpir un embarazo forma parte del derecho constitucional a la intimidad<\/strong> protegido por el Art\u00edculo II, Secci\u00f3n 8 de la Constituci\u00f3n puertorrique\u00f1a\u30101980_jurisprudencia_109d.p.r.596_puertorico.pdf\u2020L599-L601<\/a>\u3011.<\/p>\n\n\n\n

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El Tribunal sostuvo que la doctrina sobre privacidad del derecho federal (casos Roe v. Wade<\/em>, Doe v. Bolton<\/em> and United States v. Vuitch<\/em>) es aplicable a Puerto Rico<\/strong>, y que la intimidad es un derecho fundamental localmente reconocido<\/strong>\u30101980_jurisprudencia_109d.p.r.596_puertorico.pdf\u2020L599-L601<\/a>\u3011.<\/p>\n\n\n\n

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Esa decisi\u00f3n anul\u00f3 las disposiciones del C\u00f3digo Penal<\/strong> que criminalizaban el aborto y dej\u00f3 establecido que, cuando es realizado por un m\u00e9dico bajo criterios profesionales, el aborto no constituye delito<\/strong>\u30101980_jurisprudencia_109d.p.r.596_puertorico.pdf\u2020L607-L607<\/a>\u3011.<\/p>\n\n\n\n

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Por lo tanto:<\/p>\n\n\n\n

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